La crisis y las referidas prácticas abusivas han generado un parque
inmobiliario de titularidad de los bancos al que no son capaces de dar salida.
Sin embargo, dando muestras una vez más de su desmesurada avaricia, no
consienten renegociar las deudas hipotecarias, ni otras soluciones menos
dolorosas como la cesión de vivienda en un alquiler moderado y mucho menos la
dación en pago con la entrega de la vivienda y con carácter retroactivo.
Tampoco el Gobierno del PP ha sido capaz de legislar en este sentido,
limitándose simplemente a un manual de buenas prácticas que a nada les obliga.
Por
todo esto, CCOO junto con la Confederación Estatal
de Asociaciones Vecinales (CEAV), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), EAPN –
España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social )
y UGT han puesto marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita llevar al Congreso
de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de
enjuiciamiento civil, de manera que en los casos de vivienda habitual, las
personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la propiedad de la
vivienda. Es lo que se conoce como dación en pago, y precisamente porque
350.000 familias ya han sufrido el proceso de ejecución, la ILP propone que la regulación
de la dación se haga con efectos retroactivos.
Los procesos judiciales de desahucios y
lanzamientos de sus viviendas a muchos
ciudadanos se están convirtiendo, por desgracia, en algo habitual y los
trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, somos, por imperativo
legal, los llamados a efectuar dichos lanzamientos pero también testigos
directos del dolor de las familias que tienen que abandonar sus viviendas en
muchas ocasiones con lo puesto, con miembros menores de edad o ancianos, con
problemas de salud, etc, etc.
Los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia
vemos cómo la sociedad civil ha reaccionado ante estas situaciones de
expropiación del derecho a una vivienda, oponiendo una resistencia activa y
solidaria ante la actitud de abuso de los bancos que vienen rigiéndose por una
normativa legal que les permite apropiarse de la vivienda hipotecada, mientras
persiste la deuda impagada de la misma, condenando a las familias a una
situación desesperada de asfixia económica insuperable.
Por
todo ello, el Sector de la
Administración de Justicia de CCOO, quiere manifestar nuestra
más absoluta solidaridad con los afectados por esta injusta medida, nos adherimos a las
reivindicaciones de asociaciones de afectados por las hipotecas y a las
plataformas ciudadanas que con su resistencia cívica luchan por evitar estas
situaciones tan dolorosas para las familias. Desde el Sector de Justicia de
CCOO también gritamos STOP a los desahucios y reclamamos del Gobierno que
paralice la ejecución de los mismos mientras persista la situación dramática de
las altas cifras de desempleo, y que exija a los bancos que abandonen sus
prácticas de rapiña máxime cuando han osado pedir la solidaridad de toda la
sociedad y el gobierno no ha tenido reparos en concederles dinero público para
que saneen esas economías maltrechas fruto única y exclusivamente de su propio
egoísmo y avaricia, y que supondrá, sin lugar a dudas, un nuevo sacrificio
conjunto de la ciudadanía.