Rechazada en el Congreso la proposición de ley del PP de modificación del Registro Civil


14 feb 2018




Incertidumbre para el futuro del Registro Civil tras el NO del Congreso a la propuesta del PP de modificación de la Ley 20/2011

NI EL GOBIERNO DEL MINISTRO CATALÁ NI EL PARLAMENTO CONSIGUEN DESBLOQUEAR LA LEY DEL REGISTRO CIVIL QUE DEBERÍA ENTRAR EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2018

CCOO denunciamos la incapacidad de la clase política para sacar adelante un Registro Civil totalmente público, gratuito, cercano a la ciudadanía y atendido por personal de la Administración de Justicia, como demandamos las y los trabajadores y toda la sociedad

En la tarde de hoy, 13 de febrero, ha tenido lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados el debate y votación para la toma en consideración de la Proposición de Ley del grupo Popular para modificar la Ley 20/2011 del Registro Civil.

El debate, que CCOO de Justicia hemos presenciado en directo desde la tribuna de invitados del Congreso, ha servido para desenmascarar las posiciones de los principales partidos políticos y para comprobar que este Ministerio de Justicia es incapaz de conseguir consensos para solucionar la más que preocupante situación de nuestra Administración de Justicia.

El Partido Popular ha presentado esta Proposición de Ley al dictado del Ministerio de Justicia que, por la fortísima presión que hemos ejercido desde CCOO, recogiendo las propuestas de la inmensa mayoría de las y los trabajadores, no ha tenido más remedio que aceptar dos de nuestras principales reivindicaciones: el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia y el mantenimiento también de todas las oficinas actuales de los partidos judiciales y Juzgados de Paz.

El PSOE ha votado en contra manifestando abiertamente que no está de acuerdo en que se mantengan abiertas las oficinas de los partidos judiciales y Juzgados de Paz, tal y como contempla el texto original de la Ley 20/2011.

Esta misma posición ha servido a Ciudadanos para argumentar su abstención.

Ni al PSOE ni a Ciudadanos les ha parecido preocupante la necesidad de prestar un servicio público cercano y accesible a toda la ciudadanía, ni el futuro de los más de 4.500 puestos de trabajo que actualmente hay en los Registros Civiles, a pesar de que intensamente desde CCOO les hemos venido trasladado también estas propuestas.

Unidos Podemos, que también ha votado en contra, ha trasladado al Pleno del Congreso la falta de credibilidad del Partido Popular y del Gobierno, que se niegan a concretar las competencias de los Juzgados de Paz y del resto de oficinas, lo que podría abocar de hecho a su cierre. Ha defendido el mantenimiento de todas las sedes actuales, incluidos los Juzgados de Paz y también han reclamado que deben recuperarse para el Registro Civil todas las competencias privatizadas, como la solicitud de nacionalidad por residencia y la tramitación en exclusiva de los expedientes previos al matrimonio civil, lo que permitiría asegurar el futuro de todas las sedes actuales del Registro Civil.

La propuesta de Ley del PP no va a ser tramitada, por tanto, en el Congreso y, en este estado de cosas, la situación actual, que es altamente preocupante para CCOO, puede resumirse así:

1.- Unidos Podemos tiene presentada una Proposición de Ley (que es coincidente con todas nuestras reivindicaciones) que debería pasar al Pleno del Congreso para su toma en consideración. Por razones burocráticas (cada grupo político tiene un cupo máximo de propuestas en función de su representatividad, que Unidos Podemos tiene superado) este debate en pleno aún no puede llevarse a cabo.

Desde CCOO dudamos mucho que, aunque se debatiera en el pleno, fuese apoyada por ningún grupo, o al menos por la mayoría suficiente para ser aprobada, ya que contiene, por un lado, la recuperación de lo privatizado que rechazan el PP y Ciudadanos, y, por otra parte, el mantenimiento de las actuales oficinas en todos los partidos judiciales y en los Juzgados de Paz que nunca van a apoyar PSOE y Ciudadanos según han manifestado hoy.


2.- Si no se aprueba ninguna modificación de la Ley 20/2011 debería entrar en vigor con su articulado original el 1 de julio de este mismo año, y recordemos que esta Ley contiene aspectos altamente perniciosos para el personal de la Administración de Justicia y la ciudadanía.

  • Los Registros Civiles salen de la Administración de Justicia y el personal funcionario que los ocuparía serían también de otras administraciones.
  • Solo quedaría una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma y, en el mejor de los casos, una más como máximo por cada 500.000 habitantes y los Juzgados de Paz perderían las competencias delegadas en materia de Registro Civil, con las gravísimas consecuencias que tendría para la ciudadanía y para el empleo.
  • Para colmo, entraría también en vigor la modificación operada en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por la que los expedientes previos al matrimonio civil se harían ante notario.
  • Estas importantísimas y nefastas transformaciones necesitarían una serie de medidas (nuevas instalaciones y edificios, personal con la necesaria formación, desarrollos informáticos aún en fase de adjudicación….) que, en opinión de CCOO, harían imposible desde todo punto de vista su puesta en marcha.

Todas estas circunstancias nos hacen a CCOO exigir con toda contundencia al Congreso de los Diputados un ejercicio de máxima responsabilidad, dando trámite inmediato a la Proposición de Ley presentada por Unidos Podemos (Proposición de Ley del Registro Civil de Unidos Podemos) para su aprobación tras el debate de las enmiendas que puedan presentarse.

Al mismo tiempo, desde CCOO, seguiremos presionando a los partidos políticos y al Ministerio de Justicia para que acepten las modificaciones precisas para conseguir un nuevo Registro Civil totalmente público, totalmente gratuito, totalmente informatizado, cercano y accesible para la ciudadanía y atendido exclusivamente por personal de la Administración de Justicia

En caso contrario, que no es la mejor solución pero sería imprescindible para evitar un mal mayor de graves consecuencias, apostaremos por una nueva vacatio legis que evite el desastre que para el servicio público del Registro Civil y para los trabajadores/as supondría la entrada en vigor de la Ley 20/2011 con el articulado actualmente existente.


CCOO hemos criticado y seguiremos criticando con total dureza la incompetencia del ministro Catalá y su equipo de dirección, para dar solución a los gravísimos problemas que afectan a la Administración de Justicia y a sus trabajadores/as (como muestra, nuestro radical posicionamiento contra la estrategia para la implantación de las nuevas tecnologías, contra la falta de medios personales para atender las excesivas cargas de trabajo, contra la falta de un justo reconocimiento retributivo a nuestro trabajo, etc, etc…)

No obstante, en el Pleno del Congreso, el ministro de Justicia ha defendido hoy nuestras reivindicaciones para mantener las oficinas del Registro Civil en los partidos judiciales y los Juzgados de Paz, argumentando que ese es un compromiso con las y los trabajadores y los sindicatos representativos, y sin perjuicio de las numerosas y profundas discrepancias con su gestión, desde CCOO valoramos positivamente esta actitud.


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