- CCOO considera indecente que Gallardón contrate una empresa privada para realizar un inventario de asuntos de todos los registros de España.
- CCOO denuncia que el Ministro utiliza, reiteradamente, los registros civiles, como un instrumento para el lucro privado y que, este inventario obedece a su intención de continuar el proceso privatizador y a una exigencia de los colectivos a quienes, ahora, pretende entregar los registros civiles.
CCOO se ha dirigido de inmediato al subsecretario de Justicia exigiendo explicaciones por esta inaceptable decisión de contratar a una empresa privada para realizar este inventario de los libros de los Registros Civiles y que los trabajadores allí destinados sean los que se responsabilicen de facilitar los datos recogidos a dicha empresa, porque ni siquiera han tenido la decencia de haberla comunicado previamente a los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes.
Lo inaudito y lo intolerable es que el Ministerio de Justicia mantiene que para la realización de estas actuaciones no existe ninguna obligación de comunicarlas, ya que el empleador (en este caso, el Ministerio de Justicia) goza de plena autonomía para tomarlas.
- CCOO considera intolerable que el ministro de Justicia (que en éste asunto a buen seguro tiene el apoyo del presidente del Gobierno), utilice sin ningún pudor los Presupuestos Generales del Estado para satisfacer los intereses puramente lucrativos de colectivos de élite muy minoritarios, mientras que, por el contrario, viene siendo descarnadamente intransigente en el desmantelamiento de los servicios públicos, de las prestaciones sociales; de los derechos laborales; del empleo público. En definitiva, intransigentemente decidido a eliminar la condición de ciudadanos con derechos o la de trabajadores con empleo digno.
- CCOO denuncia que la decisión de llevar a cabo ese inventario de todos los Registros Civiles de España responde a las intenciones privatizadores del Registro Civil que Gallardón nunca ha descartado y, en concreto, a una exigencia de los colectivos con los que, sabemos, el ministro mantiene negociaciones para entregarles las competencias de los Registros Civiles (ahora los Registradores Mercantiles y los Notarios). El ministro de Justicia está facilitándoles los datos que necesitan para poner sus condiciones en la negociación y lo está haciendo a costa del dinero de los contribuyentes y utilizando a los trabajadores a los que se pretende hurtar sus puestos de trabajo.
- Además, es del todo punto inadmisible que el Gobierno Rajoy y el ministro de Justicia oculten a la ciudadanía sus decisiones, que pretendan disfrazarlas o disimular sus objetivos (como es el caso de la reforma de la LOPJ que todos los trabajadores de la Administración de Justicia debemos rechazar con la movilización), hasta que, prácticamente sean ejecutivas. Y, con esta nueva información (descubierta, pero no facilitada por el Ministerio como tiene por costumbre), se demuestra que el Gobierno se ha cuidado de que no transcendiera hasta pasado el proceso electoral de las elecciones europeas celebradas el pasado domingo, día 25 de mayo
CCOO viene denunciando que la privatización del Registro Civil supondrá la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo y el desmantelamiento de un servicio público que todos los españoles debemos utilizar porque, sus trámites, son obligatorios para acceder a derechos ciudadanos, a prestaciones sociales u otros servicios públicos. Por la defensa de éste servicio público y prestado por personal al servicio de la Administración de Justicia; por la defensa de los miles de puestos de trabajo en riesgo y de los derechos laborales que, inevitablemente, resultarán recortados de llevarse a cabo el proceso de privatización, CCOO ya ha advertido al ministro de Justicia que se topará con la movilización más contundente, incluso la huelga en la Administración de Justicia, si decide, finalmente, privatizar los Registros Civiles.
Y, según la información de que disponemos y estas actuaciones lo avalan, el ministro de Justicia mantiene la entrega de los Registros Civiles ahora a los registradores mercantiles, por lo que si no lo impedimos, lo hará efectivo en un próximo consejo de ministros, no necesariamente en el de esta semana. COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: IMPIDÁMOSLO
