La concentración había
sido relegada a un lugar distante más de 300 metros de la puerta
principal del Tribunal Supremo por la Delegación de Gobierno de Madrid en un intento de
impedir la protesta de los trabajadores en el acto de inauguración del año judicial
La indeseable
actuación de la Delegación
de Gobierno sufrió un varapalo jurídico ante la decisión del TSJ de Madrid
dando la razón a CCOO que en nombre de los sindicatos representativos había
recurrido la injusta e intolerable decisión
AL GRITO DE GALLARDÓN
DIMISIÓN, LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA EXIGIMOS AL MINISTRO DE JUSTICIA QUE RETIRE LOS PROYECTOS DE LEY QUE
PERSIGUEN LA PRIVATIZACIÓN DE
LA JUSTICIA Y
LA ELMINACIÓN DE
MILES DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Madrid, 16 de septiembre de 2013
Delegados de CCOO y del resto de los sindicatos representativos
y trabajadores de la
Administración de Justicia nos concentramos en el día de la
inauguración del año judicial en el Tribunal Supremo, al que asistían además
del Rey, el ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Presidente
del Tribunal Supremo y decenas de altos cargos, políticos y judiciales.
En la concentración, los trabajadores exigimos la dimisión
de Gallardón, que con sus decisiones políticas está llevando a la Administración de
Justicia a una gravísima situación, pretendiendo su privatización y eliminando
el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos (ley de Tasas, ley
de Justicia gratuita, Ley de Enjuiciamiento Civil….) así como la eliminación de
miles de puestos de trabajo (LEC, LOPJ, Ley de Demarcación y Planta….) en la Administración de
Justicia.
Esta concentración, tras el verano, es el comienzo de una
escalada creciente y persistente de movilizaciones que son imprescindibles para
lograr la retirada de esos proyectos así como la exigencia de la convocatoria
de la mesa sectorial que incluya el compromiso del Ministerio de Justicia de
establecer un calendario para la recuperación de los derechos laborales y
retributivos injustamente arrebatados a los trabajadores en los últimos años.