CCOO rechaza una reforma del código penal que busca criminalizar la protesta ciudadana
Se recrudece la práctica totalidad de las disposiciones relacionadas con delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
La amenaza al libre ejercicio de ciertos derechos y libertades públicas como el de asociación, manifestación o a la libertad de expresión, que se deriva de dicho endurecimiento se produce por varias vías:
- La de la confusión, mezclando conceptos, utilizando expresiones imprecisas como cuando denomina hecho punible la actuación en grupo que cause en la actividad normal de un establecimiento abierto al público, “perturbación relevante”, expresión lo bastante imprecisa como para dar lugar a interpretaciones absolutamente arbitrarias.
- Penalizando conductas individuales, donde hasta ahora sólo se penalizan las conductas de autoría grupal.
- Aplicando las mismas penas a los hechos consumados que a los hechos en tentativa o la mera amenaza.
- Agravando las penas cuando el supuesto delito “se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas.”
Que las manifestaciones sociales de rechazo a políticas de recortes, abusos por partes de los diferentes dirigentes políticos de este país o diferentes tropelías cometidas por o con el consentimiento de los poderes fácticos han molestado y molestan al partido del Gobierno está fuera de toda duda. La pretensión de endurecimiento de una pena por la comisión de un posible delito al amparo de una manifestación o reunión numerosa, no es más que una demostración clara de intento de coartar el derecho de manifestación, bajo la advertencia de “si no quieres taza, taza y media”.
La modificación del Código Penal es amplia y, amparándose en eso, han conseguido desviar la atención de los medios de comunicación, y por ende de la Sociedad hacia otro tipo de modificaciones (edad mínima para el consentimiento de relaciones sexuales o la cadena perpetua revisable) para evitar que nadie se fije en un atropello a los derechos fundamentales que tenemos reconocidos.
Comisiones Obreras no va a permitir y combatirá con todos los medios legales y de presión a su alcance para que la modificación del Código Penal que pretende pisotear derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y de la sociedad en general no llegue a ser aprobada en las Cortes Generales.
