Esos efectos implican que el Ministerio de Justicia tiene que empezar a remitir a la empresa adjudicataria las direcciones de correo electrónico de las y los trabajadores, si se quiere cumplir con ese plazo.
Según los datos de que disponemos en estos momentos, ha habido más de 1500 solicitudes y en torno al 15 % pudieran no ser admitidos, con el argumento de que la partida presupuestaria de la adjudicación no alcanza la cantidad necesaria para el 100 % de los solicitantes.
CCOO discrepa radicalmente con esta decisión y exige que todas las solicitudes sean admitidas, pues ante procesos selectivos importantísimos como los actuales, en que el porcentaje de empleo eventual debe reducirse a un máximo del 8 % en tres años, el Ministerio de Justicia tiene obligación de destinar más fondos a la formación de los procesos selectivos y así cumplir con este aspecto del acuerdo de diciembre de 2015. Imprimir artículo
