Para CCOO, la pretensión del Ministro de Justicia de aprobar,
mediante un Real Decreto Ley, la entrega a los registradores mercantiles de los
registros civiles, es un acto infame: Gallardón pretende convertir en legal, y
por la puerta de atrás, lo que es una decisión ilegítmia, pues hurta a millones
de personas a un servicio público, universal y gratuito
CCOO emplaza al Ministro de Justicia a un debate público sobre la privatización de los registros civiles
Imprimir artículo