El contexto en el que se envía la ley al Parlamento no es fácil ni
pacífico, según admite el propio Ejecutivo, y su aprobación está tan en
el alero como el resto de la producción legislativa pendiente. En todo
caso, el Gobierno ha preferido darle curso una vez ha concluido toda su
tramitación interna —tuvo prevista su aprobación la semana pasada pero
finalmente la pospuso hasta hoy— a guardarla en el cajón, por si no
cuenta con tiempo o no encuentra apoyos para sacarla adelante.
Para el Ejecutivo, el proyecto de ley supone “un auténtico cambio de
paradigma” en la concepción de la función pública, en el que no es
irrelevante ni siquiera el cambio de denominación: pasar de una Ley de
Función Pública a una Ley del Empleo Público “no es una diferencia
semántica sin intención”, dijo en unas recientes jornadas el
viceconsejero del área, Juan Carlos Ramos.
El cambio significa que la ley amplía su alcance a todas las personas
que trabajan en el sector público, no solo al personal funcionario, y
pone el acento más en “pensar qué hay que hacer, cómo se hace y cómo se
sabe que está bien hecho” que en regular la relación entre el empleado
público y la administración que le contrata.
Con ese modo de concebir el servicio público están relacionados los
principales cambios que aspira a introducir el Ejecutivo con esta ley,
que regirá tanto para la administración general de la comunidad autónoma
como para las tres Diputaciones y los Ayuntamientos.
Silencio foral hasta ver hoy el texto
Tanto las Diputaciones como los Ayuntamientos, a través de Eudel, y los sindicatos que quisieron, han participado en la preparación del anteproyecto de ley. Sin embargo, tanto Bizkaia como Gipuzkoa rehusaron ofrecer su impresión de las reuniones entre sus cargos y técnicos y los del Gobierno, hasta conocer hoy el texto definitivo que el Gobierno envía al Parlamento. Fuentes de la Diputación vizcaína indicaron que esa institución presentó varias alegaciones y espera a ver si han sido recogidas y también a conocer el informe de la Comisión Jurídica Asesora (Cojua), que debe acompañar al proyecto.Entre los sindicatos, CCOO y UGT realizaron alegaciones. En el Consejo Económico y Social (CES) no hubo acuerdo, por la pretensión de la representación de la patronal de que se eliminara del texto todo lo relacionado con la negociación colectiva.
Eduardo García (CCOO) ve la ley “ mejorable” en el trámite parlamentario y esa central aún le guarda ciertas reservas, aunque admite que es una “ley integral” y que “coge por los cuernos la función pública y su organización”.
García valora que acoja a los empleados laborales, pero señala tres terrenos de discrepancia. El primero es que no se admita a los sindicatos en el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) cuando se aumenta su papel en los órganos de selección del personal y en formación. “Es pertinente que estemos”, indicó.
El proyecto tampoco resuelve, a su juicio, la “atomización” de la negociación colectiva en las distintas administraciones. CC OO cree precisa una mayor homegeneización, que se acerquen, en lugar de distanciarse más, las condiciones de trabajo. En tercer lugar, “no nos gusta nada” indicó, lo que llaman “racionalización u optimización de recursos humanos”. El Gobierno, entiende, reserva a las administraciones demasiada “discrecionalidad” para despedir. En todo caso, “mejor esta ley que no ley. Es importante tenerla”, dijo.
Elemento fundamental de esa nueva concepción es la evaluación, con
periodicidad anual, del desempeño del puesto de trabajo que realicen
todos y cada unos de los empleados públicos.
Hasta ahora, la carrera profesional en la administración es casi
inexistente, del mismo modo que tampoco se computa la productividad. En
adelante, esa evaluación permitirá la progresión independientemente de
la antigüedad, y la apertura de una carrera profesional, tanto en
sentido vertical, es decir, en términos de ascensos, como horizontal.
Esto significa que un empleado público podrá mejorar su remuneración,
incluso sin cambiar de puesto —algo imposible, por ejemplo, en
ayuntamientos muy pequeños— dependiendo del desempeño que realice de su
trabajo. Será a través de nuevos complementos, dependientes del grado de
desarrollo profesional. De hecho, esa es su denominación.
La nueva ley dará más poder al IVAP en la selección y la formación
del personal y otro de los aspectos más innovadores es la creación de
una dirección pública de corte profesional.
Los puestos de alto nivel que tendrán esta consideración se
determinarán, en número y características, en el desarrollo posterior de
la ley, pero las direcciones de servicios de los departamentos del
Gobierno aparecen como claras candidatas.
Se trata de profesionalizar puestos como esos, donde no reside la
decisión política, sino la pura gestión, en los que es aconsejable la
continuidad en los tránsitos entre un Gobierno y su sucesor y que se
parecen más a la gerencia de cualquier empresa privada. La idea es que
el político elija entre una propuesta de hasta cinco personas que le
seleccione previamente el IVAP.
La ley dejará abierta la puerta a que los seleccionados provengan de
fuera de la administración, si nadie dentro de ella aspirara a un puesto
o si esta considera que nadie cumple el perfil que busca. El
funcionamiento por resultados e incentivos se impondría a los
integrantes de esa dirección profesionalizada, que podrán ser cesados de
modo motivado.
El proyecto abre el abanico de las formas de acceso al empleo público
más allá del concurso; prevé una nueva configuración de cuerpos y
escala, así como “planes de optimización de gestión de personas” y
reconfigura los procedimientos para la libre designación, a la que se
dejarán menos puestos. Una Comisión de Coordinación del Empleo Público y
otra de Desarrollo Profesional estarán detrás de la transición hacia el
nuevo modelo.
Fuente: elpais.com
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