La mercantilización de la Justicia

Publicamos una hoja informativa en la que CCOO volvemos a denunciar la mercantilización de la Justicia a la que nos está llevando este ministro que cree que la única fórmula para atajar la “excesiva judicialización” sólo puede venir de la mano de la desjudicialización o privatizaciones de servicios y que acabará convirtiéndola en una Justicia de doble velocidad, una ágil para los que se la puedan pagar y otra en peores condiciones para aquellos que no puedan hacerlo o acudan a la justicia gratuita, y de paso le da entrada en el negocio de la Justicia a colectivos que, aunque sea legítimo sólo buscan su interés profesional.

Una Justicia que no sólo le saldrá más cara a los ciudadanos sino que también nos saldrá más cara a los trabajadores que, una vez más, estaremos en el punto de mira para próximas amortizaciones de plantilla.

¡Qué curioso que además Gallardón cuente con estos colectivos en todos sus proyectos de reforma, de la LOPJ, Ley de Demarcación y Planta, ley de mediación....y no cuente con sus propios trabajadores de la Administración de Justicia!

Os adjuntamos la hoja informativa de CCOO, el enlace a la nota de prensa publicada en la página web del ministerio web del ministerio

Nota informativa

CCOO denuncia la mercantilización de la Justicia a la que está llevando el ministro como única fórmula para atajar la “excesiva judicialización” que acabará convirtiéndola en una Justicia para ricos y otra para pobres.

NOTARIOS, REGISTRADORES, PROCURADORES, … BUSCAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NUEVOS MERCADOS DONDE EJERCER SU PROFESIÓN, AUNQUE SEA A COSTA DEL SERVICIO PÚBLICO Y DEL EMPLEO DE MILES DE TRABAJADORES QUE VEN PELIGRAR SUS PUESTOS DE TRABAJO.

La última moda en la Administración de Justicia son las desjudicializaciones y privatizaciones del Servicio Público que prestamos y Gallardón no tiene ningún pudor en recibir con agrado estas propuestas de diversos colectivos profesionales que en la defensa de sus intereses legítimos en plena crisis no dudan tampoco en descalificar el funcionamiento del servicio público, aunque eso suponga un desmantelamiento del Servicio Público y un encarecimiento del mismo que tendrán que pagar los ciudadanos.

Es lamentable que el máximo responsable de la Justicia sólo encuentre como fórmula para el “desatasco en la justicia” medidas como el “repago judicial” que supondrá al ciudadano el pago de unas tasas abusivas por acudir a los tribunales de justicia o la desjudicialización de asuntos, como el registro civil, la jurisdicción voluntaria, la mediación, matrimonios, divorcios de mutuo acuerdo, temas de sucesiones, etc, etc….para dar entrada a profesionales como Notarios o Registradores que, una vez acabado ¿? el boom inmobiliario del que han vivido generosamente escriturando y dando fe de negocios de compraventa de pisos y préstamos hipotecarios a precios de “boom”, y ahora también, privatizando el servicio común de notificaciones y embargos para dejar en manos de los Procuradores las diligencias de notificación o las ejecuciones de las sentencias, a los que se suman otros como la externalización de los servicios de interpretación o traducción o de los peritajes judiciales

CCOO ya denunció hace años y en solitario la reforma de la LEC que permitía precisamente a los Procuradores realizar las notificaciones a todas las partes del proceso siempre y cuando éstas abonaran sus honorarios por realizar dicho servicio, y otras medidas que se vienen sucediendo como fórmulas mágicas para descongestionar la justicia que no son más que medidas para disuadir a los ciudadanos para ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva (incrementar las cuantías para poder interponer un recurso en segunda instancia, obligar a constituir depósitos previos a los recursos, imponer las costas procesales con el simple criterio del vencimiento,….).

El Ministro de Justicia toma sus decisiones a golpe de presión corporativa, dejando a un lado el interés del ciudadano y poniendo por encima intereses de colectivos que pugnarán por la mercantilización de un espacio que puede ser muy suculento. CCOO denuncia que el único proyecto que tiene el ministro de Justicia es establecer una Justicia de doble velocidad, una Justicia para ricos y otra para pobres, una Justicia que sólo sería ágil y eficaz si los ciudadanos se la pueden costear, mientras, la Justicia que proporcione el Estado ¿seguiría siendo una Justicia lenta e ineficaz?.

¿Quién se beneficia de todas estas reformas? Evidentemente los ciudadanos NO y de paso, los trabajadores de la Administración de Justicia sufriremos los procesos de amortización de plantillas, de congelación de oposiciones (tanto turno libre, como promoción interna), reordenación de efectivos, traslados geográficos, rebaja y congelación de salarios y de derechos, etc..., en definitiva, nuevos recortes sociales y laborales para los trabajadores y ciudadanos, y sobre todo un proceso de desmantelamiento del Estado Social y de Derecho, en el que cada vez hay menos Estado pero también cada vez menos Justicia.

Para descarga la nota informativa:

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